La segunda oportunidad, una solución cada vez más extendida para liberarse de las deudas
El gobierno quiere acabar con los intereses abusivos de los préstamos para evitar el sobreendeudamiento.
Cataluña es la comunidad donde hay más procedimientos de segunda oportunidad
Los créditos al consumo son una opción de financiación que no han dejado de crecer desde la pandemia. Pero el recurso a estos préstamos y la imposibilidad de pagarlos puede acabar convirtiéndose en una pesadilla para muchas personas. Una vez que el pago de las deudas superan los ingresos mensuales, una solución cada vez más extendida es la Segunda Oportunidad.
Es el caso de Yolanda Márquez, empresaria desde los 23 años, que ha logrado liquidar una deuda de 165.000 euros. Por motivos de salud, tuvo que cerrar sus negocios y se halló atrapada entre préstamos. «Te paraliza la vida y debes dejar de atender a los créditos o vivir», explica Yolanda. Después de conseguir la segunda oportunidad a nivel judicial se siente aligerada y que «tiene la opción de tener otra vida».
El perfil de personas que inician procedimientos de segunda oportunidad es muy variado. En los despachos de abogados se encuentran personas que sufrieron ejecuciones hipotecarias en la crisis del 2008, pequeños empresarios, así como otras personas que han sufrido situaciones sobrevenidas como un divorcio o una enfermedad que han acudido a préstamos personales con intereses muy altos.
«Son cantidades muy importantes que no podrían pagar ni en tres vidas», relata Jordi De Sojo, abogado especializado en segunda oportunidad. Para este profesional del derecho, existe un aumento del número de solicitantes por «el empobrecimiento de la sociedad en general» y reprocha que las entidades bancarias «no hacen el estudio de solvencia que deberían hacer» con los préstamos preconcebidos.
Los requisitos de la Segunda Oportunidad
Para acogerse a la ley de Segunda Oportunidad, la persona debe encontrarse con una situación de insolvencia y ser un deudor de buena fe, es decir, que no tenga ninguna infracción con Hacienda o la Seguridad Social, entre otros. Se trata de un procedimiento judicial por el que se necesita abogado y procurador. Será el juez quien decidirá la parte de la deuda que se exonera y si se liquida con los bienes que se tenga en propiedad.
Cataluña, la comunidad con más exoneraciones
El conocimiento de la ley de la Segunda Oportunidad entre la ciudadanía mantiene una tendencia al alza. Según el Observatorio de la Insolvencia Personal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Cataluña es la comunidad autónoma con más procedimientos de Segunda Oportunidad con casi 1 de cada 4 casos del Estado. En más de un 90% de los concursos son personas físicas.
En el último informe del Observatorio, que analizaba 299 expedientes entre 2021 y 2024, se desprendía que el perfil del deudor es el de un hombre cerca de los 50 años y de nacionalidad española. Sin embargo, los autores del estudio apuntan a una tendencia a que los insolventes cada vez serán más jóvenes y que crece la proporción de personas de origen extranjero, sobre todo de Latinoamérica. El importe medio de las deudas también se ha ido reduciendo desde los 250.000 euros de media en 2020 hasta los 63.080 euros en 2024. En un 90% de los casos, el deudor no tenía propiedad alguna.
Los abusos de los créditos, en el punto de mira
Ante el auge de los créditos al consumo, el gobierno español los ha puesto en su punto de mira para evitar el sobreendeudamiento y los abusos. El pasado enero, el Ejecutivo aprobó un anteproyecto de ley que pondrá un límite del 15% a los intereses. Hasta que reciba la luz verde en Les Corts, también aprobó un decreto que fija un límite provisional de máximo el 22% en todas las nuevas operaciones. Además, los prestamistas deberán estar autorizados y supervisados por el Banco de España, introduciendo restricciones a los créditos online rápidos.
«La gente se siente desesperada y engañada», sostiene Jordi Torras, abogado que acompaña a muchos clientes con micropréstamos. «He llegado a ver microcréditos que dan un 7.600% de interés», explica Torras y asegura que ante cantidades pequeñas «acudir a los tribunales es complicado por el coste-beneficio».
Otra demanda desde los profesionales del derecho es la carencia de educación financiera y la facilidad de muchas personas de caer en las trampas de los microcréditos. «Aquel problema que es puntual se transforma en crónico y se perpetúa», apunta Jordi Torras.
Fuente: RTVE – artículo de Carlos Orti